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¿Locación de servicios o contrato de trabajo? Nota a un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. (Nota II de II)

Publicada en Mayo 05, 2018
Una sentencia arbitraria
En su fallo la CSJN, afirmó que la sentencia de la CNAT únicamente se basó en el reconocimiento que los codemandados efectuaron en la causa de la existencia de los servicios prestados por el actor pero además –y es esta la parte del fallo que llevó a la Corte a calificarlo como arbitrario y a dejarlo sin efecto- lo hizo sobre la base de meras afirmaciones dogmáticas y, especialmente, sin tener en consideración prueba relevante y para su resolución.
Respecto de las primeras, la CNAT había sostenido -sin fundamentación- que no existía en el orden jurídico argentino la figura del contrato de locación de servicios del derecho civil.
Esa afirmación fue descartada por dogmática, ya que ese contrato siempre estuvo regulado primero en el Código Civil y actualmente, en el Código Civil y Comercial. Pero más relevante aún para calificar a la sentencia como arbitraria, fue que ese tribunal prescindió de una prueba que no había sido cuestionada por ninguna de las partes y que era definitoria para calificar jurídicamente el tipo de vínculo.
Esa prueba, desconocida por el fallo de la CNAT, fue considerada determinante por la CSJN para la solución del caso y llevó al máximo tribunal a considerar que –en este caso concreto que le tocó resolver- los restantes elementos de prueba obrantes en la causa, eran insuficientes para acreditar la existencia de una relación laboral.
En el expediente constaba que el actor era integrante de la “Asociación de Médicos y Profesionales del Hospital Alemán” (AMPHA), ente que redactó una serie de reglas denominada “Guía de la Actividad del Cuerpo Profesional del Hospital Alemán”.

De ese documento se inferían algunas pautas que enmarcaban el vínculo de los profesionales que integraban esa asociación con el HA. Así por ejemplo:
1) Se estipulaba una regulación detallada de la manera en que se organizaban los servicios y prestaciones médicas y la elección de los médicos que las realizarían, teniendo un rol protagónico la asociación de profesionales antes referida -de la cuál, el actor era miembro- en la consecución del objetivo económico de aquella Asociación –prestación de servicios médicos a cambio de dinero-.
2) La Asociación debía pactar con los profesionales la modalidad de esas prestaciones, no pudiendo modificarlas (a diferencia de lo que, dentro de ciertos límites podría hacerlo un empleador, cfr. Art. 64, 65 y 66 de la LCT).
3) Los médicos sólo recibirían una contraprestación por los servicios efectivamente prestados. Es decir que si no había ingreso sin efectiva prestación de servicios y, siempre, previa facturación de los mismos. Las normas establecían, además, que los profesionales podían fijar el monto de dicha contraprestación.
Tales pautas que rigieron el vínculo de las partes llevaron a la Corte a concluir en el último párrafo del considerando 7º de su fallo, que “El tribunal a quo” (es decir la Cámara) “debió haber ponderado la incidencia de la falta de una retribución y el poder para determinar la contraprestación que tenían los médicos por sus servicios para establecer si lo que el actor percibía contaba como remuneración, tal como ello es concebido por la Ley de Contrato de Trabajo (artículos 4º, 21, 103 y 116)”.
Es decir que de esa prueba documental –cuya ponderación omitió por completo la sentencia de la CNAT- surgía con claridad, a criterio de la CSJN, que la relación que vinculó a las partes –por las razones antes señaladas- no era de carácter laboral y, en consecuencia, no era aplicable en el caso la presunción del Art. 23 de la LCT.
Es muy importante aclarar, que la valoración que hizo la CSJN de la prueba referida la llevó a desestimar por insuficiente para demostrar la existencia de una relación laboral a otros elementos, también obrantes en la causa (entre los que se contaba, la situación de monotributista del actor -ya que facturaba por sus servicios-, que el actor concurría todos los días a trabajar, que trabajaba en instalaciones del Hospital demandado, que sus honorarios eran su única fuente de ingresos, etc.)

Conclusiones
Es muy importante precisar entonces los alcances del fallo:
1) La Corte Suprema de Justicia no descartó que existiera relación laboral debido a la condición de monotributista del actor. Simplemente, resolvió que ella, junto a otras pruebas obrantes en la causa eran insuficientes para demostrar la existencia de una relación laboral.
2) El fallo de la CNAT fue revocado arbitrario, irrazonable. (ello motivó que la CSJN abriera la instancia extraordinaria reclamada por los demandados): La CNAT había incurrido en ese reproche al calificarse su sentencia, porque prescindió absolutamente de prueba documental que demostraba que el actor no era ajeno a la organización de su trabajo, que no recibía órdenes para cumplir con sus prestaciones y que no percibía un salario o remuneración por un trabajo subordinado. Es decir, no puede demostrar que trabajara en relación de dependencia.
3) No es aventurado decir, que si no fuera por esa prueba crucial, desconocida por la Cámara y sí ponderada minuciosamente por la Corte –es decir, si solo hubieran existido como prueba en la causa los otros elementos que refiere el fallo- el resultado del juicio podía haber sido distinto.
4) La importancia del fallo radica en que ratifica la interpretación correcta que debe darse al Art. 23 de la LCT: si bien la prestación de servicios hace presumir la existencia de una relación laboral, esa presunción no es aplicable si se demuestra, como en este caso, que existen circunstancias que demuestran claramente que entre las partes no existió un contrato de trabajo.

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¿Locación de servicios o contrato de trabajo? Nota a un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. (Nota I de II)

Publicada en Mayo 03, 2018
El caso
La Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (en adelante CNAT) dictó sentencia definitiva haciendo lugar a la demanda presentada contra la Asociación Civil Hospital Alemán (HA) y Médicos Asociados Sociedad Civil (MASC) mediante la que el actor reclamó el cobro de una indemnización por despido y las multas de la Ley Nacional de Empleo por falta de registro de la relación laboral.
A tal efecto, consideró probado que el demandante -médico neurocirujano- estuvo vinculado al HA mediante un contrato de trabajo y rechazó la defensa de éste y de la MASC que sostuvieron que las prestaciones de aquel estuvieron enmarcadas en una típica locación de servicios. Además, el tribunal mantuvo el monto de condena impuesta en el fallo de primera instancia y la extendió en forma solidaria al codemandado Presidente de la Comisión Directiva del HA.
Los codemandados interpusieron contra esa sentencia sendos recursos extraordinarios ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), con fundamento en la doctrina de arbitrariedad de sentencia de este tribunal.
El pasado 24/04/2018 la CSJN dictó sentencia en los autos “Recursos de hecho deducidos por la Asociación Civil Hospital Alemán y Rodolfo Federico Hess y por Médicos Asociados Sociedad Civil en la causa Rica, Carlos Martín c/ Hospital Alemán y otros s/ despido”, dejando sin efecto la sentencia recurrida por arbitraria , por entender que la misma no había sido debidamente fundada en las pruebas obrantes en el expediente y el derecho aplicable a la controversia.

Algunas precisiones previas
Antes de analizar el fallo, es útil recordar para una mejor comprensión de lo que se dirá, lo que disponen algunas normas de la Ley 20.744 de Contrato de trabajo (LCT) aplicables al caso.
El Art. 23 de la LCT establece que “El hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrare lo contrario. Esa presunción operará igualmente aun cuando se utilicen figuras no laborales, para caracterizar al contrato, y en tanto que por las circunstancias no sea dado calificar de empresario a quien preste el servicio”.
Esta disposición –mencionada expresamente en el fallo- establece que, verificada la existencia de la prestación de servicios “se presume” que existe contrato de trabajo.
Pero esa presunción es relativa, ya que admite prueba en contrario, si las circunstancias, relaciones o causas que han motivado el vínculo, demuestran lo contrario.
Además existen otras normas relacionadas con la solución del caso, aunque el fallo no las haya referido expresamente.
De los Art. 21 y 22 de la LCT surge que el contrato de trabajo y la relación laboral existen cuando una persona realice actos, ejecute obras o preste servicios en favor de otra, bajo la dependencia de ésta en forma voluntaria y mediante el pago de una remuneración, cualquiera sea el acto que le dé origen.
El Art. 25 de la misma ley, dice que es trabajador “la persona física que se obligue o preste servicios en las condiciones previstas en los artículos 21 y 22 de esta ley, cualesquiera que sean las modalidades de la prestación” y empleador, “la persona física o conjunto de ellas, o jurídica, tenga o no personalidad jurídica propia, que requiera los servicios de un trabajador”.
Finalmente –pero como se verá no menos importante- hay que tener presente al Art. 5º de la LCT que define a la “empresa" como la organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos o benéficos y llama "empresario" a quien dirige la empresa por sí, o por medio de otras personas, y con el cual se relacionan jerárquicamente los trabajadores, cualquiera sea la participación que las leyes asignen a éstos en la gestión y dirección de la "empresa".

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Rúbrica Digital de la documentación laboral en CABA. Prórroga del plazo de vigencia

Publicada en Marzo 15, 2018
La Resolución (SSTIYC) 798/2018 (B.O. GCBA 08/03/2018) dispuso la prórroga hasta el 1° de Junio de 2018 de los plazos para adecuarse al “Sistema para la Rúbrica de Documentación Laboral en forma digital de la CABA” y la extensión del plazo para utilizar los saldos de hojas móviles rubricadas por la ventanilla manual hasta el 31 de Mayo de 2018.

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Acta de la Asamblea General Ordinaria

Publicada en Marzo 15, 2018

Acta Asamblea General Ordinaria:


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Prestación simultánea de servicios a más de un empleador.

Publicada en Marzo 15, 2018
El Art. 26 de la LCT prevé que “Se considera ‘empleador’, a la persona física o conjunto de ellas, o jurídica, tenga o no personalidad jurídica propia, que requiera los servicios de un trabajador”.
La norma refiere la situación que se presenta cuando un conjunto de personas físicas y/o jurídicas, requiere los servicios de un trabajador, sin que pueda determinarse con precisión qué cantidad de tiempo pone a disposición de cada uno de ellos y debe ser cuidadosamente distinguida de la situación de pluriempleo, en la que existen relaciones laborales diferenciadas por el tiempo en que el trabajador pone a disposición de cada uno de sus empleadores (por ejemplo, el trabajador que está vinculado a dos empleadores mediante un contrato a tiempo parcial celebrado con cada uno de ellos, Art. 92 ter LCT).
La simultaneidad de tareas implica, en los términos del Art. 26 de la LCT una sola relación laboral entre un trabajador/a y un grupo de personas físicas o jurídicas (por eso también se alude a “empleador múltiple”).
Un ejemplo típico de prestación de servicios simultánea a más de un empleador se da en el caso de varios profesionales médicos que comparten los servicios de atención telefónica y tareas administrativas complementarias de una recepcionista.
Usualmente en este tipo de relación laboral, una sola persona registra al trabajador, pero como se ha dicho antes, existen además otra u otras personas que reciben la prestación de servicios, cuya responsabilidad por el cumplimiento de los créditos laborales del trabajador es solidaria.
Así lo entiende la jurisprudencia, sobre la base de que existe un solo vínculo laboral entre el trabajador y sus empleadores, habiéndose resuelto que “Para que exista condena solidaria basta con que se dé la figura del empleador múltiple que contempla el Art. 26 de la LCT, aunque no resulte un grupo económico (CNAT, Sala IV, 30/11/89, DT, 1990-A-228) y que “Si una de las accionadas remitió al viajante un telegrama reclamándole la devolución de talonarios de pedidos no utilizados correspondientes a la otra codemandada, ello prueba de manera cabal que presto también servicios para sociedades vinculadas que utilizaban de tal forma un mismo viajante, se justifica la condena solidaria” (CNAT, Sala III, 31/5/96, DT, 1996-B-2761).

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