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Cámara Argentina del Papel y Afines

Noticias

Art. 223 bis de la LCT. Acuerdos. Se reglamentan algunos aspectos de las presentaciones.

Publicada en Mayo 04, 2020
La Resolución MTEySS 397/2020 (B.O. 30/04/2020, vigente desde la misma fecha) estableció reglas aplicables a las presentaciones de acuerdos realizados en el marco del Art. 223 bis de la LCT que tramiten en ese organismo del Estado. Serán aplicables las siguientes pautas: 1) Las presentaciones que, en conjunto, efectúen las entidades sindicales con personería gremial y las empresas que se ajusten a los parámetros consensuados a tales efectos en la reunión celebrada el pasado 27/04/2020 entre la CGT, la UIA y el Gobierno Nacional, y acompañen el listado de personal afectado, serán homologadas, previo control de legalidad de esta Autoridad de Aplicación. Igual criterio se seguirá en aquellos casos en que el acuerdo sea más beneficioso para los trabajadores. 2) Las presentaciones que efectúen las empresas en los que no haya tenido intervención la entidad sindical y cumplan con los demás requisitos que se refirieron en el punto anterior serán remitidas por el Ministerio de Trabajo en vista a la entidad sindical con personería gremial correspondiente por el plazo de 3 días, pudiendo ser prorrogado por 2 días adicionales a solicitud de la representación gremial. Vencido el plazo indicado, el silencio de la entidad sindical la tendrá por conforme respecto del acuerdo sugerido por la representación empleadora. La oposición de la entidad sindical a los términos del acuerdo dentro de los plazos anteriores determinará la apertura de una instancia de diálogo y negociación. 3) Las presentaciones que no se ajusten íntegramente a los parámetros consensuados en la reunión a la que se hizo referencia en el punto 1) de este informe, serán sometidos al control previo del Ministerio de Trabajo que, en cada supuesto, indicará las consideraciones que correspondan en orden al trámite requerido. 4) En este marco de emergencia y excepción, y solo a estos fines, las partes deberán consignar en su presentación una declaración jurada acerca de la autenticidad de las firmas insertas el acuerdo.

Informe EconViews Midweek del 29 de Abril

Publicada en Abril 30, 2020
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Suspensiones pactadas por falta o disminución de trabajo (Art. 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo).

Publicada en Abril 29, 2020
El Art. 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo dice textualmente: "Se considerará prestación no remunerativa las asignaciones en dinero que se entreguen en compensación por suspensiones de la prestación laboral y que se fundaren en las causales de falta o disminución de trabajo, no imputables al empleador, o fuerza mayor debidamente comprobada, pactadas individual o colectivamente u homologadas por la autoridad de aplicación, conforme normas legales vigentes, y cuando en virtud de tales causales el trabajador no realice la prestación laboral a su cargo. Sólo tributarán las contribuciones establecidas en las Leyes Nros. 23.660 y 23.661." La norma, como puede observarse, regula el supuesto de suspensión por falta de trabajo o fuerza mayor acordada entre el empleador y parte o todo el personal. Es decir, excluye la situación creada por la suspensión por aquellos motivos dispuesta unilateralmente por el empleador, que contempla el Art. 221 de la LCT, que cuando afecta a una fracción determinada del personal de la empresa, debe ser precedida obligatoriamente por la apertura del "procedimiento preventivo de crisis" previsto en los Art. 98 a 105 de la Ley Nacional de Empleo 24.013 (LNE). El dispositivo legal en comentario es una opción importante para aquellas empresas que se ven afectadas transitoriamente por alguna de las situaciones indicadas. Permite al empleador mantener los empleos de los trabajadores que son parte del acuerdo, reduciendo el costo que implica el pago de salarios y la totalidad de las contribuciones patronales durante los lapsos de tiempo en que se extienden esas situaciones de crisis. Durante la suspensión, no hay prestación de servicios y el salario es sustituido por una asignación no remunerativa sujeta únicamente a la contribución patronal destinada al Sistema de Obras Sociales y al Fondo Solidario de Redistribución, mientras que para los trabajadores significa la continuidad en la percepción de ingresos. El monto de la asignación no remunerativa y el plazo de la suspensión dependerá de lo que hubieren pactado las partes. Para garantizar la inexistencia de fraudes y abusos, la norma condiciona su eficacia a dos extremos: 1) El acuerdo entre el empleador y los trabajadores afectados mediante el que se reconoce la existencia de la situación de falta de trabajo o fuerza mayor ajenas a la voluntad de la empresa; 2) La homologación de ese acuerdo por el Ministerio de Trabajo.

Informe Semanal ECONVIEWS 27 de Abril 2020

Publicada en Abril 28, 2020
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La calificación legal del Coronavirus como enfermedad profesional no listada.

Publicada en Abril 25, 2020
1. El DNU 367/2020 El Decreto de Necesidad y Urgencia 367/2020 (B.O. 14/04/2020, vigente desde esa fecha) dispone que la enfermedad COVID-19 -coronavirus SARS-CoV-2- se considerará “presuntivamente” una enfermedad de carácter profesional no listada en los términos del ap. 2 inc. b) del art. 6º de la Ley 24.557 de Riesgos de Trabajo. 2. La cobertura de Riesgos de Trabajo y las enfermedades profesionales Para una mejor comprensión de lo que se explicará al abordar la nueva reglamentación conviene recordar que el Art. 2º inc. a) de la Ley 24.557 de Riesgos de Trabajo (LRT) establece que son “enfermedades profesionales” a los fines de la cobertura del Riesgos de Trabajo, exclusivamente las incluidas en un listado elaborado por el Poder Ejecutivo Nacional actualmente normado en el Decreto 658/96 y su reglamentación complementaria. Pero el mismo artículo, en el inciso b) contempla la posibilidad de que enfermedades no incluidas en ese listado sean consideradas profesionales en casos concretos en los que la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo determine que han sido causadas directa e inmediata por la ejecución del trabajo, excluyendo la influencia de factores atribuibles al trabajador o ajenos al trabajo. Esta regla -y las previstas en los incisos c) y d) del mismo artículo- establecen el procedimiento aplicable que debe seguir el denunciante del siniestro ante las Comisiones Medicas –Jurisdiccional y Central- de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. El Art. 2 inc. b) a d) de la Ley 25.557 fijan las siguientes pautas en materia de enfermedades profesionales. 2.b) A los efectos de la determinación de la existencia de estas contingencias, deberán cumplirse las siguientes condiciones: i) El trabajador o sus derechohabientes deberán iniciar el trámite mediante una petición fundada, presentada ante la Comisión Médica Jurisdiccional, orientada a demostrar la concurrencia de los agentes de riesgos, exposición, cuadros clínicos y actividades con eficiencia causal directa respecto de su dolencia. ii) La Comisión Médica Jurisdiccional sustanciará la petición con la audiencia del o de los interesados así como del empleador y la ART; garantizando el debido proceso, producirá las medidas de prueba necesarias y emitirá resolución debidamente fundada en peritajes de rigor científico. En ningún caso se reconocerá el carácter de enfermedad profesional a la que sea consecuencia inmediata, o mediata previsible, de factores ajenos al trabajo o atribuibles al trabajador, tales como la predisposición o labilidad a contraer determinada dolencia. 2 c) Cuando se invoque la existencia de una enfermedad profesional y la ART considere que la misma no se encuentra prevista en el listado de enfermedades profesionales, deberá sustanciarse el procedimiento del inciso 2b. Si la Comisión Médica Jurisdiccional entendiese que la enfermedad encuadra en los presupuestos definidos en dicho inciso, lo comunicará a la ART, la que, desde esa oportunidad y hasta tanto se resuelva en definitiva la situación del trabajador, estará obligada a brindar todas las prestaciones contempladas en la presente ley. En tal caso, la Comisión Médica Jurisdiccional deberá requerir de inmediato la intervención de la Comisión Médica Central para que convalide o rectifique dicha opinión. Si el pronunciamiento de la Comisión Médica Central no convalidase la opinión de la Comisión Médica Jurisdiccional, la ART cesará en el otorgamiento de las prestaciones a su cargo. Si la Comisión Médica Central convalidara el pronunciamiento deberá, en su caso, establecer simultáneamente el porcentaje de incapacidad del trabajador damnificado, a los efectos del pago de las prestaciones dinerarias que correspondieren. Tal decisión, de alcance circunscripto al caso individual resuelto, no importará la modificación del listado de enfermedades profesionales vigente. La Comisión Médica Central deberá expedirse dentro de los 30 días de recibido el requerimiento de la Comisión Médica Jurisdiccional. 2 d) Una vez que se hubiera pronunciado la Comisión Médica Central quedarán expeditas las posibles acciones de repetición a favor de quienes hubieran afrontado prestaciones de cualquier naturaleza, contra quienes resultaren en definitiva responsables de haberlas asumido. (Apartado sustituido por art. 2º del Decreto Nº 1278/2000 B.O. 03/01/2001. Vigencia: a partir del primer día del mes subsiguiente a su publicación en el Boletín Oficial). 3. El régimen excepcional y temporal del DNU 367/2020 El decreto 367/20 modifica esas reglas procedimentales -y también las previstas en general sobre denuncia del siniestro laboral- cuando la contingencia denunciada es la enfermedad COVID-19 -coronavirus SARS-CoV-2-. En primer lugar dispone que las ASEGURADORAS DE RIESGOS DEL TRABAJO (A.R.T.) no pueden rechazar la cobertura de esa contingencia y deben adoptar los recaudos necesarios para que al tomar conocimiento de la denuncia del infortunio laboral acompañada del correspondiente diagnóstico confirmado emitido por entidad debidamente autorizada, la trabajadora o el trabajador damnificado reciban en forma inmediata las prestaciones de la Ley 24.557. Es decir, suprime para estos casos la facultad de la ART de desconocer el carácter profesional de esa enfermedad. Pero también hace lo propio con la intervención de la Comisión Médica Jurisdiccional que se vio al referir las normas del régimen general. Lógicamente, la finalidad perseguida es establecer un procedimiento compatible con la celeridad del caso, la vigencia temporal de la medida y el contexto de emergencia sanitaria. Consecuencia de ello es que la Comisión Médica Central tiene atribuida competencia originaria para resolver en cada caso concreto –como lo exige el Art. 2º b) de la LCT- si tiene o no carácter profesional la patología denunciada. Cuadra destacar que la presunción contempla dos modalidades -y en consecuencia, fija dos reglas distintas- respecto del personal que refiere el Art. 1º del DNU 367/20: Una, aplicable en general a todos los trabajadores que desarrollan tareas en las actividades declaradas esenciales, exceptuadas de la medida vigente de aislamiento social, preventivo y obligatorio y otra especifica, aplicable al personal de la Salud. Respecto de la primera clase de casos el Art. 3º del DNU 367/20 no exime al trabajador de formular una petición fundada orientada a demostrar ante la Comisión Médica Central la concurrencia de los agentes de riesgos, exposición, cuadros clínicos y actividades con eficiencia causal directa respecto de su dolencia. Sin perjuicio de ello, la CMC podrá invertir la carga de la prueba de la relación de causalidad a favor del trabajador en estos casos: 1) Cuando se constate la existencia de un número relevante de infectados por la enfermedad COVID-19 en actividades realizadas en el referido contexto, y en un establecimiento determinado en el que tuvieren cercanía o posible contacto, o 2) Cuando se demuestren otros hechos reveladores de la probabilidad cierta de que el contagio haya sido en ocasión del cumplimiento de las tareas “esenciales” exceptuadas de la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio prevista en el DNU 297/2020. Muy distinta es la regla aplicable al personal de la Salud ya que en estos casos (Art. 4º del decreto) directamente se invierte la carga de la prueba en favor del trabajador y se considerará que la enfermedad guarda relación de causalidad directa e inmediata con la labor efectuada, salvo que se demuestre, en el caso concreto, la inexistencia de este último supuesto fáctico. Vigencia temporal y financiamiento La reglamentación en comentario regirá hasta los SESENTA (60) días posteriores a la finalización de la vigencia de la declaración de la ampliación de emergencia pública en materia sanitaria realizada en el Decreto 260/20 y sus eventuales prórrogas y el financiamiento de las prestaciones otorgadas para la cobertura de las contingencias será imputado en un CIENTO POR CIENTO (100%) al FONDO FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES. Conclusiones El DNU 367/2020 reglamenta un régimen excepcional y temporal, nacido de la emergencia y referido estrictamente al Coronavirus. Establece el carácter “presuntivo” de esta enfermedad no listada como “profesional” fijando un procedimiento abreviado que tramitará ante la Comisión Médica Central de la SRT órgano que determinará el carácter de la patología en cada concreto, conforme a la regla prevista en el Art. 2º de la LRT. Contempla dos presunciones, cuyo carácter se ha descripto en el parágrafo anterior de este trabajo, cada una de ellas contiene una excepción. La modificación más importante, en cuanto a la operatividad de la presunción, si se la compara con el régimen general del Art. 2º de la LRT es la aplicable al personal de la salud. Para referir alguno de los aspectos que en nuestra opinión deben ser reglamentados señalamos los siguientes: - La forma de la denuncia. - La entidad “debidamente autorizada” que emite el diagnóstico que sustituye el pronunciamiento de la ART. - Los plazos y actuaciones en la instancia administrativa ante la Comisión Médica Central. - Las excepciones previstas a las dos presunciones que establece el decreto.

 

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